El Foro Permanente en defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Provincia de Neuquén, denunció de forma pública al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), ante la negativa de adquirir una silla a motor solicitada por la familia de una afiliada con discapacidad.
A través de un comunicado, explicaron que el pedido se generó en 2021 para que una joven de 21 años, oriunda de Chos Malal pudiera tener mejores condiciones de vida. Sin embargo, aseguraron que fue rechazado por la obra social en base a un modelo médico que no contempló los cambios que pueden producirse en la persona y su entorno a partir de la utilización de la silla a motor.
La organización manifestó que la obra social vulneró los derechos de la afiliada. Fuente: (Facebook).Los integrantes del foro detallaron que la solicitud fue realizada por dos médicos con especialidad en neurología y traumatología, para que la afiliada pudiera beneficiarse con las ventajas que ofrece el elemento tecnológico para la quita de barreras.
Señalaron que el acceso a este aparato, mejoraría su desenvolvimiento en la familia y la comunidad, en base a lo que imponen los nuevos marcos legales dentro del Modelo Social de Discapacidad. “Contrariamente, el ISSN evaluó la solicitud desde la mirada del Modelo Médico anteriormente vigente, que valora las posibilidades de un individuo en relación al uso autónomo del dispositivo en el momento en el que se realiza la evaluación, sin analizar los cambios que pueden producirse en la persona y su entorno a partir de la utilización de la silla a motor”, sostuvieron.
La silla de ruedas a motor a mejorado las condiciones de vida a personas con discapacidad. Fuente: (Infobae).En 2010, el ISSN accedió a la compra de una silla motorizada que fue destinada a un joven con parálisis cerebral y movilidad reducida. La organización compartió el relato de su madre, quien aseveró que, tras varias peripecias, dudas y desafíos, su hijo logró movilizarse sin ayuda y en la actualidad participa en competencias de fútbol en ruedas. “Con una silla de ruedas común nunca hubiera recorrido solo tanta distancia, ya que la hipotonía que tiene en sus miembros superiores no le permite hacerlo, teniendo que depender siempre de que otra persona lo traslade”, expresó la mujer.
El foro insistió en que esta negativa por parte del instituto, vulnera los derechos consagrados en la Ley 26378 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su correspondiente jerarquía constitucional. Ante esto, sentenciaron: “Desde este colectivo estamos convencidos que el avance tecnológico es un bien social y cultural que pertenece a la humanidad, y debe ser considerado como una riqueza a ser distribuida entre quienes más lo necesitan, en especial las personas con discapacidad”.
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