Un abogado de Villa La Angostura escribió una suerte de carta de lectores al sitio Angostura Digital, en cuyo contenido advirtió que hay funcionarios judiciales que consumen drogas.
Se trata del abogado, Cristian Hugo Pettorosso quien ejerció la defensa de un agente de policía Víctor Hugo Muñoz, por matar al empleado municipal Robinson «Robin» Gatica durante un procedimiento en la vivienda de la víctima.

En el contexto de la investigación de ese caso, Pettorosso aseguró que los resultados del informe del Cuerpo Médico Forense habían determinado que Gatica padeció muerte súbita por síndrome de delirio agitado por el consumo de cocaína y que esa causal no tenía nada que ver con la actuación del uniformado.
En su misiva dirigida al director del portal local, Pettorosso expresó: “No puede haber funcionarios públicos, mucho menos en actividad de justicia, vinculados a consumos de drogas ilícitas. La gente desconfía en el poder judicial, y toda razón tiene para su adverso sentir”, dijo.

Para continuar con su argumentación, Pettorosso agregó: “En un lugar tan pequeño, donde casi todos los habitantes se conocen, que la droga esté esparcida por doquier, significa, dando una mirada sensata, que las instituciones del Estado por alguna extraña razón no están funcionando como corresponde”.
El letrado recordó una propuesta del juez del fuero criminal, Daniel Enrique Ottonello “quien hace ya más de diez años atrás propuso que todos los funcionarios públicos se hagan una rinoscopia, a los que yo sumaría aquí, también, exámenes para detectar consumo de cannabinoides”.
Análisis para toda la estructura judicial
Sin mencionar ningún apellido o cargo particular, el abogado mencionó que los análisis deberán efectuarse “desde la magistratura más encumbrada hasta el cargo más bajo de la estructura judicial”.
Pettorosso argumentó que el consumo de drogas no es un tema privado ni de absoluta libertad individual “cuando el consumidor presta funciones en oficinas públicas, porque allí se deberían aplicar directivas éticas, como por ejemplo, leyes de ética e idoneidad en la función pública o el propio Código Iberoamericano de Ética Judicial”.